Periodistas en Colima desprotegidos ante agresiones

**Después de un largo proceso para lograr la aprobación de un órgano estatal de protección a periodistas, durante el actual sexenio de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico no fue renovada, dejando en la desprotección al gremio de informadores, que cada vez enfrentan más agresiones en un contexto de violencia creciente.

La Ley para la protección integral del ejercicio periodístico en el estado de Colima fue aprobada en el año 2012, después de meses de presión y exigencia del gremio de informadores, ante la creciente violencia (y asesinatos) contra periodistas en el país. Tuvieron que pasar tres años, de más presión y más exigencias, para que en el 2015 se creará el reglamento de esta Ley y comenzará a ser aplicable.

Sin embargo, la conformación del órgano rector: la Comisión integral para la protección integral del ejercicio periodístico (COPIP) se conformó hasta el año 2017; es decir, fueron necesarios cinco años para que pudiera ser operativo el órgano legal para la protección de periodistas que, además de atención a actos de violencia, garantiza tres derechos fundamentales: el secreto profesional, la cláusula de conciencia, y el libre y preferente acceso a las fuentes informativas.

Durante el periodo de existencia de la COPIP 21 periodistas solicitaron protección en el estado, de los cuales 16 fueron auxiliados y se tomaron medidas por la comisión: en 2017 se registraron dos solicitudes de protección; en el siguiente año (2018) la cifra aumentó a 11 solicitudes; y en 2019 fueron ocho.

La necesaria creación de la COPIP 

Juan Carlos Flores Carrillo fue electo como el primer presidente de COPIP en el 2017, año en el que se conformó. “El objetivo principal de la comisión era establecer mecanismos para salvaguardar y proteger los derechos de los periodistas”, recuerda. 

Durante su presidencia en la Comisión impulsó que el organismo obtuviera un reconocimiento legal para que se tuviera la oportunidad de recibir recursos, tener patrimonio propio, entre otros lineamientos que darían certeza jurídica.

“Tengo que ser claro: la Comisión estaba impedida políticamente para tener un estatus legal y eso era algo que nosotros, la presidencia que yo encabecé, buscábamos que estuviera conformado el estatus legal para que tuviera la oportunidad de recibir recursos, para tener patrimonio propio, entre otros lineamientos que establecían especialmente la seguridad política. Al no tener esos lineamientos, esa seguridad política, ponía en riesgo la operación misma de la comisión y sus atribuciones que tenía la ley”.

El ex presidente de la COPIP considera que este organismo debe de existir en razón de su mandato de Ley, que ya se ha establecido desde hace más de 12 años, “y si el Gobierno estatal plantea que esas atribuciones las va a hacer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que se establezcan los mecanismos ahí y se modifique la ley”.

Rafael Zepeda, un ejemplo de desprotección

En el año 2019 la Revista Territorio publicó un reportaje llamado “El oscuro pasado de Griselda Martinez y su familia”, una  investigación que señala los presuntos crímenes de los familiares de la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martinez. A partir de entonces se ha venido una avalancha de agresiones, desde censura y múltiples denuncias, hasta amenazas directas en contra de Rafael Zepeda, quien es director general de la revista.

La agresión más grave en contra del periodista ha sido la amenaza de muerte, la cual fue denunciada ante la Fiscalía General de la República, que siguió el proceso bajo la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Estas amenazas comenzaron a través de la red social Facebook y continuaron en WhatsApp, poniendo en riesgo su seguridad personal: “Publicábamos y al siguiente día nos empezaban a amenazar en defensa a la exalcaldesa de Manzanillo”, mencionó el periodista.

Además de estas amenazas, Rafael ha enfrentado denuncias legales, incluyendo acusaciones de violencia política por razón de género, presentadas por la exalcaldesa, lo que ha generado desgaste emocional y una constante preocupación por su integridad, “a la presidenta nunca le ha gustado que seamos críticos, y no tolera cuando se le hace una crítica”.

Rafael asegura que la falta de operatividad de la COPIP contribuye significativamente a la vulnerabilidad de los periodistas: “desapareció (la COPIP) y ahorita no contamos con nada, de hecho nosotros tenemos, en Revista Territorio, tres medidas de protección contra funcionarios de la exalcaldesa de Manzanillo y contra ella misma por amenazas de muerte, y nadie se nos ha acercado, ninguna dependencia, ni ningún representante de en defensa del trabajo periodístico”.

A pesar de ello, el periodista menciona que se tiene que cuestionar y criticar a los funcionarios, como una de las máximas del periodismo: “es lo que hacemos, y el periodismo crítico no les gusta a los políticos. Nosotros pues criticamos, pero lo argumentamos y esa es la molestia más grande que tienen; hacer periodismo de investigación les duele… les molesta, pero desgraciadamente, pues tenemos que hacer nuestro trabajo y lo estamos haciendo”.

Desaparición de la COPIP

Francisco Buenrostro fue el segundo presidente de la COPIP (2019 y 2021) y recuerda que el organismo se encontró con múltiples obstáculos que, finalmente, lo llevaron a su disolución en 2021 tras el cambio de Gobierno en Colima.

“Nos apoyaron en el Congreso del Estado, los diputados estuvieron de acuerdo, incluso se aprobó en el Congreso, pero no como un órgano autónomo […] lo que llevó a que los mismos periodistas protestaran, no se hizo nada, no se hicieron los foros, y pues hoy cuando se violentan los derechos de los periodistas, no hay nada que hacer”. Esto generó descontento entre los periodistas, quienes demandaban independencia total. En su relato, subraya cómo los periodistas de Colima solicitaron al entonces gobernador José Ignacio Peralta no promulgar la ley que institucionalizaba la COPIP, dejando el organismo en el limbo.

El entrevistado es crítico con la falta de apoyo y seguimiento a las denuncias de los periodistas “No estamos exentos, ni en Colima, ni en ninguna parte del país, de violencia ante nosotros, ante el ejercicio periodístico”. Como ejemplo, cita el caso de una compañera amenazada tras publicar una nota sobre un centro de rehabilitación: “Acompañamos a esta periodista que incluso dejó su medio […] la Policía Estatal le puso a estas dos mujeres policías, pero la compañera no tenía auto, y ellas no tenían autorizado subirla a la patrulla.” A pesar de contar con escoltas, la falta de recursos y coordinación evidenció la ineficacia del sistema de protección. Este tipo de situaciones reflejan, según Buenrostro, un panorama desolador para los periodistas en México, donde el Estado no toma en serio su rol de proteger a quienes ejercen esta peligrosa profesión.

Para Buenrostro, la desaparición de la COPIP y la falta de consenso político han dejado a los periodistas desamparados. Concluye que, aunque la ley existe, la protección efectiva es nula, y la única alternativa viable es el Mecanismo de Protección Federal, el cual, según él, también está comprometido por estar vinculado al gobierno federal, parte en muchas violaciones a la libertad de prensa. “Ser periodista en México es la profesión más peligrosa”, concluyó contundentemente.

Reforma constitucional, tema pendiente

Francisco Javier Arreola Medina, abogado y ex integrante de la COPIP como representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, explicó que la comisión se creó a través de un reglamento del Poder Ejecutivo, sin estar respaldado por una ley que estableciera claramente su función y estructura: “Nos dimos cuenta de que esta comisión surgió como una necesidad de, de alguna forma, regular… sin que suene esto a limitar, sino como a permitir mejores espacios de desarrollo para el ejercicio periodístico” mencionó. Al no estar mencionada en ninguna ley, la comisión carecía de legitimidad jurídica, señalando que “jurídicamente hablando… eso es inviable. Si, no es legal, no se puede, no puede existir de esa manera”.

Fue así como en 2019, Francisco y otros miembros de la comisión viajaron a Veracruz para reconocer el funcionamiento de la Comisión de Protección a Periodistas en este estado, un órgano que ya contaba con un presupuesto, funciones claras y un equipo establecido. Esto contrastaba con la situación en Colima, donde “no teníamos nada de eso y todo fue prácticamente como un invento del gobierno”. Así fue como surgió la necesidad de una reforma, para asegurar que la comisión colimense tuviera un marco legal que le permitiera operar de mejor manera.

La reforma que se propuso consistía en proporcionar a la comisión una base jurídica clara a través de una ley promulgada por el Congreso del Estado, lo que le hubiera dado autonomía, presupuesto propio y procedimientos establecidos. Sin embargo, la propuesta fue cuestionada y enfrentó resistencia política, pues algunos diputados y diputadas la vieron como una medida para crear más burocracia: “Decían que estábamos queriendo crear más obesidad burocrática, cuando realmente se estaba tratando de dotar de certeza jurídica a una institución que era necesaria”.

A pesar de algunos avances en las negociaciones, el cambio de legislatura y la llegada de una nueva administración estatal frenaron el proceso: “Todo este trabajo se vino al carajo porque hubo cambio de legislatura; las reformas de leyes nunca se hicieron y eventualmente la comisión desapareció” admitió Arreola.

Texto: Carlos Manuel de la Torre, Kike Padilla, Naomi E. Regla, Francisco Javier García, Karla Ruiz, Estrella Gonzalez, Yeraldy Hernández, Alberto Ríos y César Verduzco.  

Edición: Arnoldo Delgadillo Grajeda